Recientemente se ha producido un
debate mundial, de amplias repercusiones políticas, científicas y económicas, sobre el Proyecto Genoma Humano, debate en el que han intervenido personas con tanto poder como el
Presidente de los EE.UU. y el Primer
Ministro británico. En síntesis, estos
son los hechos:
El Proyecto Genoma humano pretender
conocer y describir la totalidad de los genes que configuran nuestra especie, no sólo como
forma de adquirir un conocimiento teórico
sobre nuestra constitución física y psicológica, sino también como medio para desarrollar terapias adecuadas en el
tratamiento y prevención de enfermedades relacionadas directamente con la acción de los
genes.
En principio, este proyecto fue
iniciado por un consorcio público internacional de investigadores financiado por diversos
gobiernos. Sin embargo, y dada la importancia económica del mismo, pronto se interesaron en
él compañías privadas de los sectores farmacéutico
y tecnológico. El fin último que buscaban estas compañías era obtener descubrimientos científicos con el objetivo de
patentarlos, obligando así a las empresas
que quisieran comercializar los productos obtenidos mediante tales investigaciones a abonar una tasa por la
utilización de la propiedad intelectual sobre el descubrimiento, propiedad que corresponde a la
compañía que financió las investigaciones.
En esa carrera por ser los primeros
en obtener la secuenciación completa del genoma humano, ha sido una empresa
privada -Celera Genomics- quien ha culminado antes esa investigación. Su
anuncio de que ya habían obtenido los resultados del genoma cuando al consorcio
público aún le restan varios meses de investigación, provocó de inmediato la
intervención de dirigentes políticos internacionales, anunciando legislaciones restrictivas
al derecho de patente en cuestiones relativas al genoma humano. Para muchos, esta
decisión es completamente lógica y se fundamenta en principios morales.
Para otros, en cambio, vulnera
ciertos derechos individuales y, además, puede tener graves repercusiones en el
futuro sobre numerosos proyectos de investigación médica actualmente en marcha.
Resumimos a continuación los
argumentos de cada una de las dos posiciones al respecto:
Para los partidarios de la gestión
pública, el genoma humano no puede pertenecer a ninguna empresa privada, puesto
que debe ser considerado como un bien común de la humanidad, sobre el cual
quede prohibida cualquier operación con fines económicos. Se oponen, así, al
derecho de patente sobre estos descubrimientos científicos. En este caso, deberán
ser los gobiernos y la comunidad científica mundial -a través de organizaciones internacionales
como la ONU o la Organización Mundial
de la Salud-
los que gestionen este patrimonio de la Humanidad.
Los defensores de la investigación
privada están de acuerdo en que no deben establecerse discriminaciones en el
uso de los descubrimientos por motivos políticos, raciales o de desigualdad
económica entre países pobres y ricos. En ese sentido, coinciden con los
partidarios de la gestión pública. Ahora bien, el hecho de que el Genoma humano sea considerado como un bien de la Humanidad no debe
entrañar la prohibición legislativa de cobrar ciertas patentes industriales
sobre su uso, patentes que podrían ser pagadas, en algunos casos, por dinero
público, siempre y cuando se pudiera producir alguna discriminación por la
carencia de recursos económicos para acceder a los productos obtenidos mediante
la investigación.
Algunas de las cuestiones que se
debaten y de los argumentos que se utilizan en pro y en contra de las
respectivas posturas son:
·
¿Quién debe financiar la investigación de interés
general para la Humanidad?
Según algunos, deben ser los Estados quienes asuman esta responsabilidad. Ahora
bien, como se ha demostrado en este caso y también en otros semejantes, se
obtienen antes los resultados mediante la gestión de las empresas privadas, puesto
que el móvil económico que las inspira se suma a los móviles altruistas. Esta
mayor eficacia tiene efectos beneficiosos para la Humanidad en general y
debe ser, por tanto, compensada, ya que la empresa ha debido invertir sumas
millonarias en el proyecto científico.
·
Los defensores de las empresas privadas de
investigación argumentan que, si se prohíben las patentes en determinados
campos, todas ellas abandonarán de inmediato sus proyectos de investigación en
curso, con lo cual se produciría un daño irreparable, ya que el descubrimiento
de las causas y de los tratamientos de enfermedades sufriría un gran retraso. Ponen
como ejemplo los numerosos descubrimientos científicos que han obtenido las
empresas privadas, descubrimientos que hubieran sido imposibles con una gestión
pública de los recursos.
·
Los partidarios de lo público frente a lo privado
argumentan que estas empresas obtienen grandísimos beneficios en otras parcelas
de su gestión, con lo cual tienen asegurado su mantenimiento económico. Eso sí,
reconocen que dichas empresas deberían obtener ayudas públicas o beneficios
fiscales significativos como forma de financiar
investigaciones de interés general para la Humanidad. Sin
embargo, los dueños de estas empresas argumentan que estas medidas no serían
suficientes para mantener los gastos actuales de sus investigaciones.
·
Los políticos argumentan que los Estados no pueden
correr con todas las cargas económicas de la investigación científica, ya que
tales recursos deberían restarse de otros gastos de interés general, por lo que
se necesita la investigación privada. Tratan de encontrar, pues, un difícil
equilibrio que contente a unos y otros, a través de medidas legislativas que
garanticen simultáneamente los intereses públicos y privados al respecto.
·
Muchos pensadores y científicos han señalado que, de
permitirse las patentes, se quiera o no acabarán produciéndose discriminaciones
por motivos económicos o políticos en cuanto al acceso al uso de tales
tecnologías. Proponen que se celebren conferencias internacionales sobre el
tema, con el fin de alcanzar acuerdos de aplicación mundial.
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